Receta mortal
Agonía. La hermana de Claudia Blanco muestra los medicamentos sospechados en el Policlínico Bancario.
La causa en la que se investiga la venta de medicamentos adulterados a más de siete obras sociales del país y que mató a varios enfermos oncológicos, hemofílicos y portadores del HIV, y que, además, puso en riesgo la salud de otras 3,5 millones de personas (afiliadas a los diferentes sindicatos investigados), promete sorprender aún más a la opinión pública. Es que el juez federal Norberto Oyarbide, que lleva adelante el abultado expediente, cree que esto recién empieza. Según comentó a Veintitrés una fuente del juzgado, en las últimas horas se recibieron más de 30 llamados telefónicos de damnificados o familiares de fallecidos que se sometieron a tratamientos con remedios truchos. Y las derivaciones salpicarán hacia todos los costados. Además del empresario procesado Néstor Lorenzo, propietario de la droguería San Javier, Oyarbide lleva adelante la imputación de Juan José Zanola, responsable del gremio de los bancarios, aunque también podrían caer bajo sospecha otros sindicalistas que recurrieron a la compra de fármacos sin autorización de la ANMAT.
“Si tenemos que llamar a todos los gremios, los vamos a llamar”, enfatizó la fuente judicial. Pero la causa no se detendrá en la citación de los sindicalistas, algunos de ellos de los denominados gordos y cuyos gremios hasta el momento no fueron nombrados. Lo que el magistrado resolvió fue que en las próximas horas pasarán por Comodoro Py el ex responsable de la Superintendencia de Servicios de Salud Héctor Cappacioli (un hombre vinculado al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y uno de los dirigentes que se encargó de recaudar fondos para la campaña de Cristina Fernández) y el secretario de Salud de la provincia de Buenos Aires, Claudio Zin. El funcionario bonaerense ya dejó en el camino a dos de sus colaboradores más cercanos, como Alberto Costa, quien era su número dos, y al responsable del Laboratorio Central de Salud Pública, Sebastián Marotz. Ambos están en la mira de Oyarbide, sobre todo Costa, quien, según la causa, “mantuvo diálogos comprometedores con Lorenzo”. Pese a que Zin intentó despegarse del tema y señaló que “me dijo Costa que eran cuestiones personales”, Daniel Scioli tiene en carpeta a un reemplazante para su puesto si es que su situación se ve más compleja. Hasta la intervención por parte del gobierno nacional a La Bancaria fue un mensaje directo al corazón de la provincia de Buenos Aires. Quien asumió como interventor fue Pedro Ferrara, un oncólogo bonaerense, de buena relación con el kirchnerismo y que se opuso a la gestión de Zin desde que asumió al frente de Salud en la provincia de Buenos Aires.
Oyarbide tomó lista de los llamados que cayeron en su juzgado, aunque pidió informes a la Superintendencia de salud ya que allí en el último año denunciaron varios casos de mala administración de medicamentos. Todo se sumará a una causa en la que la Justicia deberá sancionar de manera ejemplificadora. Hay personas que fallecieron y los responsables de esas muertes deben recibir su condena lo más rápido posible. Los testimonios de esta nota son algunas de las muestras de la mafia de los medicamentos.
“Zanola me jorobó la vida”
Patricia Pineda, 50 años, diabetes
Vive en la misma casa desde que nació. A los seis años le diagnosticaron diabetes y desde entonces, al ser insulinodependiente, se inyecta todos los días.
Desde los 25, lleva una vida complicada. A esa edad trabajaba en un banco céntrico, pero comenzó a perder la visión y tuvo que jubilarse por invalidez. El último cuarto de siglo lo pasó encerrada, acosada por una enfermedad de alto riesgo. Ella asegura que está en manos de Dios.
“La obra social no me provee las tiras reactivas, que sirven para medir el nivel de glucemia exacto para inyectarme la insulina. En algún momento me las dieron, pero los últimos siete años fueron una lucha interminable”. Patricia necesita cuatro tiras diarias, unas 125 mensuales. Cada envase de 50 cuesta 180 pesos que paga de su bolsillo.
“Sin la insulina no puedo vivir porque mi páncreas no la fabrica. Pero la aplicación es a pura intuición. Podría tener hipo o hiperglucemia y si me aplico de más, me muero.”
Durante el 2007, no recibió insulina por nueve meses, y en lo que va del año sólo pudo conseguir, vía obra social, en febrero, mayo y agosto. La salvó una red de diabéticos que hace circular el medicamento cuando a alguien le falta. “Llegué a hablar con la licenciada Susana Fiona (ex vicedirectora de la mutual bancaria) que me hacía preguntas vagas, como para ponerme nerviosa. Jamás me explicaron la falta de insumos”, dice.
Patricia no recibe el T4, fármaco que debe consumir de por vida, por haber sido operada de cáncer de tiroides, ni las agujas de aplicación de la insulina. Pero nunca se presentó a la Justicia: “Con la jubilación mínima no puedo pagar un abogado. No me alcanza para los remedios ni los traslados hasta la clínica, porque no veo. Debería estar amparada por la Ley del Diabético, pero... Mi salud se ha deteriorado mucho. Detesto a Zanola y a la red de médicos que él puso para negar todo. Me jorobó la vida, aunque él no sepa de mi caso”.
“Me pidieron que lleve a votar a mi marido”
Oscar Sacanni, 58 años, hemiplejia y afasia
Oscar Sacanni, de 58 años, quedó discapacitado en 1992 por un accidente cerebrovascular que sufrió mientras trabajaba en el Banco Quilmes de San Francisco Solano. Quedó hemipléjico y afásico. Pese a que comprende todo, le cuesta hablar. La que cuenta su historia es su mujer, Susana Puppo, una docente jubilada de 56 años: “La Bancaria nunca nos brindó nada. Saqué certificado de discapacidad, pero los primeros años no sabía que me tenían que pagar toda la medicación, y pagué todo”, relata. Los últimos años, Susana los pasó renegando con la Superintendencia de Salud, pidiendo que intervengan para que le entreguen regularmente los medicamentos que necesita su marido: el hipotensor Preterax y el anticonvulsivo Lotoquis 5.
“En 2007 presenté mi primer reclamo y me empezaron a mandar los medicamentos, pero desde julio del 2008 no recibo más. Llamaba a la central de Capital a la obra social, y me decían que no iba a recibir nada, porque estaba todo complicado con los tres muertos de las droguerías.” De nuevo, denunció el tema en la superintendencia, que ordenó la entrega de los remedios: “Pero en el policlínico me dijeron que no iban a acatar ese dictamen”. Perseverante, la mujer volvió a hacer el trámite. “En abril me llega una resolución y una caja de cada remedio. Supuse que se había arreglado el problema. Pero no. Otra vez nada. Me puse en contacto con la Defensoría del Pueblo, pero los abogados me dijeron que, pese a montones de denuncias contra Zanola, no podían hacer nada.”
Gracias al organismo, le volvieron a dar los medicamentos. Pero el sindicato tiene sus mañas: “El 24 de agosto me dieron una caja. Y me invitaron a una cena por el tema de las elecciones gremiales. Hasta me pidieron que lleve a mi marido a votar. Por supuesto, les dije que no. Si tengo que ir a comer con esta gente, me paro en la mitad y les arruino la cena: me van a terminar matando”. Ahora, duda sobre la autenticidad de los medicamentos: “La caja que me dieron en abril tiene el troquel, pero la de agosto, no. Entonces, no sé si son truchos o no”.
“Es como lo que hacía Hitler”
Claudia Valeria Blanco, 38 años. Lupus eritematoso sistémico (LES)
Desde hace más de ocho meses, Lidia vela por su hija, internada en el Policlínico Bancario, las veinticuatro horas del día. Lo hace para que no ocurran otra vez “las irregularidades hospitalarias que perjudicaron gravemente la salud” de Claudia Valeria Blanco, de 38 años. La madrugada del 8 de agosto, Lidia encontró en una habitación contigua del hospital una bolsa llena de medicamentos –entre los que se encontraba la Heparina que le suministraban a su hija– que, pese a que vencían en el 2010, iban a ser desechados: su hija mayor, Gabriela llevó esa evidencia al juzgado de Oyarbide.
“Una vez que encontramos esa medicación, fue cuestión de estar acá para darse cuenta de todo –dice Gabriela–. Deciden cómo se van a morir los pacientes con absoluta impunidad. Es criminal: entre Adolf Hitler y esto no hay diferencia.” Mientras Claudia duerme, su hermana cuenta la historia en voz baja, para evitar que alguien del hospital la escuche: “Vino en febrero de este año a operarse de la vesícula. Como ella es anticoagulante, antes de subirla a quirófano hubo que ponerla en un rango especial de coagulación. El hematólogo a cargo era el doctor Marín, que regulaba su coagulación e insistía obsesivamente para que le suministraran heparina, que es una droga. A los pocos días, mi hermana tuvo una obstrucción en su pierna derecha y debieron aplicarle un vasodilatador para destaparla. En abril le hacen un estudio que no le da bien y en junio le hacen un procedimiento en quirófano de simpatitectomia de su miembro inferior derecho. Eso no dio resultado y en consecuencia la subieron otra vez al quirófano y le amputaron la pierna, de la rodilla para abajo”.
Pero la operación no dio resultado. Los familiares recuerdan que las súplicas de dolor de Claudia se oían en toda la planta baja. “Mi hermana decía que el dolor no cesaba. Nosotros veíamos que le ponían varias dosis de morfina y no le hacía nada.” Luego de la operación, los médicos le sugirieron que había que desarticular la pierna hasta debajo de la ingle. “Pero no lo consentimos, porque no hay prótesis para eso. Le pronosticaron una muerte con el correr de los días.” Gabriela decidió consultar a un abogado para trasladarla a su domicilio. “Recién cuando pedí el traslado a una internación domiciliaria, algo cambió. Se me acercaron los profesionales del área de Médicos del Dolor y me dijeron que iban a suministrarle medicaciones para calmarla. Y lo lograron. Eso da muestra de que el problema no eran los médicos, sino la medicación que le suministraban.”
“La muerte podría haber sido digna”
Armando Iurisci, infarto cerebral. Murió en febrero de 2009
Armando Iurisci tenía 77 años. Era un hombre corpulento, de casi dos metros de estatura. Descendiente de italianos, se casó con una paisana y tuvo tres hijos. Su vida laboral transcurrió durante treinta años en la casa central del Banco Nación. Era jefe de la sección Cómputos. Cuando tuvo una nieta, vendió su casa en La Paternal y se mudó cerca de ella, para llevarla y traerla desde el colegio. Después de jubilarse, fue administrativo en una remisería. Al tiempo comenzó a notar sus piernas lentas, hasta que no pudo caminar.
En 2003, una tomografía mostró infartos cerebrales, que irían en aumento. Sus hijos lo internaron varias veces en el Policlínico Bancario, donde le suministraban fármacos para el cerebro y el colesterol. Daniel acaba de enterarse que un medicamento proveído por la mutual, la sinvastatina que tomaba su padre, estaba adulterado. La provisión de drogas comenzó a mermar, y ante los insistentes reclamos, la farmacia y la obra social optaron por el silencio.
“Papá ya no podía comer, hubo que ponerle una sonda nasogástrica –dice Daniel–. Necesitaba consumir un tarro diario de una leche especial, que a veces recibíamos y otras no. Tuvimos que pagar a un escribano presentando las recetas prescritas por la médica, pero no nos respondían.” En 2005, la familia notificó la situación a la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Seguros de Salud. Con el certificado de discapacidad en la mano, intimaron a Solidaridad bajo apercibimiento de hacerlos responsables civil y criminalmente por lo que pudiera pasar. Un día, a Armando le dieron el alta. Los Iurisci tuvieron que hacerse cargo del traslado y del costo de un geriátrico. Allí, lo alimentaron con un preparado que no cubría sus necesidades, pero era lo que podían pagar. Por mes, gastaban 5.000 pesos, que llegaron a sumar 150 mil. “Denunicamos a la obra social cumpla las prestaciones. Al no haber respuesta, los denunciamos por abandono total de persona: a mi padre le negaron, entre otras cosas, las evaluaciones médicas diarias y los médicos de las distintas especialidades. Necesitaba rehabilitación integral y la obra social no se la daba.”
Daniel muestra una foto de Armando en cama, una imagen muy dura de digerir.
–¿Qué van a hacer ahora que Armando falleció?
–En su momento se creó una causa penal que se extinguió. Seguiremos por la vía civil. La muerte de papá era inevitable, pero el final podría haber sido digno.
“Zanola siempre estaba rodeado de matones”
Jorge Luis Hochenfellner, 72 años, cáncer de próstata
Jorge Luis Hochenfellner tiene 72 años y trabajó durante casi medio siglo en el Banco Nación. Padece cáncer de próstata y no sabe si el medicamento que tomó los últimos años es auténtico o falso. Junto a su mujer, María Gladys Planes, vienen peleando para conseguir una atención adecuada en el Policlínico Bancario. El hombre comenzó a estudiar Ciencia Política luego de haberse jubilado en el 2003. “A Zanola lo conocí personalmente cuando fui secretario general del Personal Jerárquico del Banco Nación. Nos atendió dos veces en su búnker, que tiene puertas como si fuese la bóveda de un banco y está siempre rodeado de matones”, cuenta en su casa de Villa Devoto. Y recuerda que el policlínico tuvo grandes profesionales y hasta una lavandería propia, “pero se fue deteriorando hasta que vino la debacle”.
En 2002 lo operaron del cáncer exitosamente, pero en 2007 su salud se volvió a complicar. “Me recetaron Ciproterona, del laboratorio Microsules, en comprimidos de 50 miligramos. Primero me lo daban en la farmacia del policlínico, pero en septiembre de 2007 me mandaron a retirarlo en los laboratorios San Javier. Me dan el teléfono, 4923-9666: el número del diablo. Allá me atiende un tal Carlos, que atendía normalmente en la planta baja del policlínico. Me dijo que estaba transitoriamente”: un ejemplo más de la curiosa relación entre la Bancaria y la cuestionada droguería. Hochenfellner tiene una duda terrible: “Habitualmente me entregaban la medicación en un blíster, no con la caja, así que no puedo certificar que no sea adulterada. Era de procedencia desconocida. A veces la medicación me hacía efecto, otras no: parece que en algunas oportunidades me daban la medicación correcta y otras no”. Ahora, Jorge está esperando para hacerse un nuevo estudio. La semana pasada le dijeron que no le podían dar un turno, ya que “el sistema no funciona”. El hombre se preocupa: “El cáncer sigue avanzando”. Y su mujer, que es enfermera, se indigna, sobre todo, con algo que resume en una sola palabra: “Maltrato”.
“Quiero saber si estuve tomando talco”
Brígida Méndez, cáncer de mama
“Me agarró una angustia que me hizo llorar. Tengo una gran incertidumbre y quiero que alguien me diga si me medicaron bien o no.” El viernes 11 de septiembre, Brígida Méndez fue a retirar su caja de Tamoxigeno al Policlínico Bancario. Antes de entrar, vio a varios policías en la vereda. En la farmacia, retiró la caja y expresó su preocupación porque estaba sin troquel (el comprobante de autenticidad que se recorta). La empleada le dijo que lo mandaban a la droguería. Que si tenía alguna duda hiciera analizar el producto. Cuando salió a la calle se encontró con más patrulleros y móviles de la televisión.
Se guardó la caja y volvió a su casa. Una vez en su barrio, caminó hasta la farmacia y encargó la misma droga, pero de otra marca. Pagó 50 pesos de su bolsillo y piensa seguir haciéndolo todos los meses.
Brígida tiene una librería con su marido. Como monotributistas, ambos se afiliaron a la Bancaria.
Brígida se detectó un bulto sospechoso en un pecho. En junio de 2007, la operaron para extirparlo. Pero el resultado de la biopsia no llegaba nunca y no podía ser medicada. Un día, llamó por su cuenta al departamento de Patología, donde se sinceraron: no contaban con reactivos. Cuando el resultado llegó, tuvo que comenzar con las sesiones de quimioterapia: tenía cáncer de mama. A Brígida nunca se le cayó un cabello: las enfermeras le aseguraban que su caso era leve.
“Cuando estaba en ese proceso, me quedaba en el negocio familiar mientras mi marido iba a buscar los remedios –cuenta en su casa de Villa Pueyrredón–. Una vez autorizada la receta, pasaba por la droguería San Javier y los retiraba.”
Después, Brígida siguió el tratamiento con pastillas, que debe continuar por tres años más.
“Cuando comienzo a enterarme de las falsificaciones, llamé al juzgado del doctor Oyarbide. Fui con todas las fotocopias que había sacado, una caja sin troquel y mis dudas a cuestas. Quisiera saber si estuve tomando talco, aspirinas o un placebo. No sé cuándo me voy a enterar de eso. Tendré que pegarme a la televisión para saberlo.”
“Prefieren dejarlo morir”
Jorge Vidal Ferreira, 36 años, esquizofrenia y diabetes
Hace un año que Jorge Vidal Ferreira espera ser trasladado a un centro psiquiátrico especializado en esquizofrenia y adicción a las drogas. Como monotributista, Jorge, de 36 años, eligió la Bancaria por consejo de su hermana Adelaida, que, parada al lado de su cama, dice que está viviendo “una humillación aberrante: abandonar a una persona con problemas psiquiátricos. En el policlínico no hay unidad de psiquiatría. Ni siquiera le mandan un psicólogo por semana. Para ellos siempre es difícil conseguir la medicación y te piden aguardar, cuando necesita tomarla todos los días. Presentamos cuatro denuncias en la Justicia. Pero para ellos es mejor dejarlo morir”. Ante la pasividad de las autoridades, “conseguimos un amparo judicial y su traslado a la clínica psiquiátrica Abril está aprobado, pero las autoridades del policlínico desoyeron la orden judicial.” Pero ese no es el único problema. “Acá se le declaró diabetes y sé que la medicación que le dan está recortada, son medicamentos de los cuales desconocemos su procedencia. Los médicos son excelentes, pero no pueden hacer nada. Está tirado en una cama, apenas le dan un calmante para que duerma. Nosotros hemos estado velando por mi hermano, no podemos dejarlo solo. A veces tenemos que atarlo para que no se quiera matar.”
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